La política económica actual se parece mucho a la que dejó Roberto Lavagna, aunque no es un calco. "Con los mismos ingredientes uno puede hacer comidas diferentes", piensa el ex ministro de Economía mientras lee, estudia y atiende gente en su oficina personal distante unos pocos metros del Obelisco. La diferencia no es radical. No se trata de un abismo, ni de una modificación del paradigma económico. Las bases son las mismas, pero hay sugerentes cambios de énfasis, matices y hasta desvíos que conviene analizar.
Primero, hay ahora un Ministerio de Economía más dedicado a los temas microeconómicos, especialmente a aquellos relacionados con la inflación. Miceli dedica una buena parte del tiempo a los acuerdos de precios, punta de lanza de la estrategia oficial contra la suba de precios. Cuesta imaginar a Lavagna discutiendo con los gerentes (no siempre con los dueños de las empresas) el precio de la leche descremada, el champú o las galletitas.
Hay quienes piensan que es un malgasto de tiempo tener a la ministra y al Presidente dedicados a los detalles de los acuerdos de precios. Pero hay por lo menos tres razones que lo justifican: la primera es la preocupación real del gobierno por la inflación, a la que ve como la única amenaza real que enfrenta; segundo, resulta obvio que esto cae bien en la población (así lo indican las encuestas); en tercer lugar, los acuerdos de precio han revelado ser efectivos en desacelerar algunos precios en el corto plazo.
La contrapartida de esta dedicación de Miceli a los acuerdos de precio es un esquema de poder en el que el Ministerio de Economía se retira de la discusión de ciertos temas. Un poco por el estilo K, otro poco por la coyuntura y otro poco por el propio perfil de Miceli, ahora Economía tiene menos injerencia que antes en algunos debates y proyectos. No tiene —como ocurría antes— capacidad de impulsar ciertos temas y de frenar otros.
Lavagna solía exceder los límites del Ministerio que conducía y esto le granjeaba enemistades con algunos de sus colegas de gabinete. Peor, él lo hacía consciente de sus riesgos: así, por ejemplo, tuvo injerencia en el diseño de los cambios en los planes sociales y en la redacción de la nueva Ley de Riesgos de Trabajo. Pero esto no parece ser así ahora: de hecho, el Ministerio de Trabajo diseñó en soledad el proyecto de modificaciones para el sistema de ART, que será bastante diferente del que impulsaba Lavagna.
En la discusión con los gremios por los salarios y el mínimo no imponible de Ganancias, aparecieron los ministros Julio de Vido y Carlos Tomada. La foto de ambos con Hugo Moyano —más allá de que la convocatoria surge por el problema petrolero en el sur— generó cierto ruido en Economía.
Hubo desconcierto esta semana en el Palacio de la calle Hipólito Irigoyen porque desde el gobierno salieron a dar por descontado que se aumentará el mínimo no imponible de Ganancias. Felisa había minimizado el tema al afirmar que "afecta a sólo un 20 % de los trabajadores en blanco" y que era un tema para estudiar. El Presidente le reclamó sugerencias y será el quien decida cómo y cuándo elevarlo.

DESVÍOS. Hasta ahora, la agenda económica de Felisa se parece mucho a la de Lavagna, aunque no por falta de convicciones de ella sino porque existen coincidencias de fondo entre ambos. Miceli quizás les ha dado más importancia al análisis de las cadenas de valor y a la lucha contra la concentración de mercados. Lavagna venía subestimado el problema inflacionario, mientras que Miceli —impulsada por el Presidente— se dedicó de lleno a él con la firma de los acuerdos de precios.
La política económica en relación con la lucha contra la inflación muestra algunos de los matices entre Lavagna y Miceli. Los dos están de acuerdo en mantener el dólar alto, pero entre ambos hay casi 10 centavos de diferencia. Con Miceli, el tipo de cambio pasó de 3 pesos a casi 3,10, por el efecto de las compras del Banco Central para recuperar reservas. Lavagna no hubiera indexado el dólar, justo cuando se trata de frenar la indexación de la economía.
La política fiscal, por su parte, sigue teniendo como eje el ahorro público elevado, pero hoy cuenta con menos margen que antes. Lavagna anunció el fondo anticíclico y Miceli lo confirmó, pero ahora aparecen algunos nuevos egresos que se pagarán con ese fondo. Por ejemplo, los aproximadamente $ 500 millones del aumento del mínimo no imponible de Ganancias. Lo mismo cabría preguntarse sobre los mayores recursos que demandará la reforma de los planes sociales. No es poco dinero: calculan hasta $ 1.000 millones anuales o incluso más.
Hay temas menos conocidos pero que también generan matices fiscales: es el caso de la prórroga de promociones industriales provinciales que Lavagna estaba frenando por haber estado mal otorgadas. Así, sin existir un cambio abrupto en lo fiscal, aparece una incertidumbre que no estaba en los planes hace algunos meses.
En la política de ingresos, por último, se supone que Miceli es más flexible que Lavagna, quien venía alertando sobre los riesgos de tener pedidos de aumento de salarios desmedidos. En esto radica otro matiz que puede hacer a la comida diferente aun con los mismos ingredientes. Además, el margen para lidiar políticamente con Moyano se imagina menor en Miceli que en Lavagna, quien en la interna del gobierno fue un firme opositor a los métodos de petición empleados por el líder cegetista.
La Casa Rosada necesita a Moyano para garantizarse un interlocutor válido en el sindicalismo y para evitar la anarquía en el reclamo gremial y salarial. En muchos temas lo ha beneficiado (obras sociales, ART) y a cambio le pide que opere con moderación cuando se desarrollen las negociaciones colectivas. Pero lo que no ha podido (¿o querido?) el gobierno es limitarlo en su método de reclamo desde el poderoso sindicato de camioneros. Un método que no es precisamente el más atinado para facilitar las inversiones.
El Presidente cree que puede lidiar bien con Moyano, entre concesiones y pedidos. De hecho, viene de reclamarle cautela para no poner en riesgo los acuerdos de precios por el lado de los costos. Pero es evidente que sin Lavagna en Economía se acrecienta el rol de Kirchner a la hora de ponerle límites al jefe sindical.